Tras la presentación de la ILP en el Parlamento por la Bajada de Ratio en las aulas andaluzas, el pasado 3 de noviembre, el sindicato USTEA ha ofrecido una rueda de prensa ante los MMCC en Granada para hacer público el efecto que la Orden de supresiones de unidades en la Escuela Pública ha tenido en este curso escolar.
En infantil y primaria se han destruido 239 unidades respecto al curso anterior, mientras que, tal y como se ha denunciado desde USTEA ante la Consejería de Educación de Andalucía, muchas de las unidades escolares restantes quedan masificadas ilegalmente. Un mínimo de 10.572 alumnos y alumnas pertenecen a unidades escolares masificadas por encima de lo que marca la normativa, ya que los datos se extraen de un muestreo realizado solo en 373 centros educativos y no de la totalidad de los centros educativos públicos andaluces. Pese a ello, las cifras son ya bastante escandalosas, lo que señala la amplia distribución de las ratios ilegales en nuestra comunidad.
El origen de este fraude es bien sencillo. La Consejería de Educación aplica de manera ordinaria el aumento extraordinario del 10% en la ratio escolar. Este aumento está reservado, según la norma, para alumnado que accede de manera tardía al sistema educativo español, o bien para aquellos quienes por motivos de movilidad forzosa de la unidad familiar o medidas de acogimiento, se han incorporado al centro educativo en periodo extraordinario de escolarización. Sin embargo, estos condicionantes no son tenidos en cuenta por los Servicios de Planificación de las Delegaciones de Educación, quienes, como han constatado desde USTEA, introducen ese aumento excepcional de alumnado bien en periodo ordinario de escolarización, bien en periodo extraordinario, pero sin tener en cuenta las excepciones contempladas por la legislación. Es por ello por lo que es tan fácil encontrarse con un grupo con la ratio excedida: han convertido una excepción en norma. La finalidad de todo esto no es otra que la de sustraer recursos a la escuela pública y ahorrar fondos que serán destinados a otras partidas presupuestarias.
Las ratios ilegales suponen destrucción de unidades escolares y de empleo público docente. Por ejemplo, las 373 unidades con ratio ilegal detectadas han supuesto una destrucción de 217 unidades que deberían haberse generado para evitar el problema de la masificación ilegal en los centros sondeados.
Además, han supuesto la destrucción de un mínimo de 259 empleos públicos docentes, necesarios para haber dado clase en esas unidades destruidas. En resumen, podemos afirmar que por cada 10 unidades con ratio ilegal, se destruyen 6 grupos escolares y un mínimo de 7 empleos públicos docentes.
La masificación ilegal está presente en toda Andalucía, dándose tanto en escuelas infantiles, como en colegios e institutos. De las localidades en las que se ha detectado esta problemática podemos señalar, entre muchas otras: Níjar, Roquetas de Mar, Cádiz, Jerez de la Frontera, Puente Genil, Priego de Córdoba, Atarfe, Granada, Moguer, Punta Umbría, Jaén, Jódar, Alhaurín de la Torre, Vélez-Málaga, Sevilla y Utrera.
Las ratios legales a nivel estatal son ya de las más altas en el entorno europeo, por lo que su incumplimiento hace mucho más grave aún esta situación. Es por ello por lo que desde USTEA se ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de las ratios legales ante el Parlamento andaluz.
